Estuve en las audiencias de Jesús “M” —así le tenemos que decir al exprocurador general de la República para respetar sus derechos—. Ustedes ya saben lo que ocurrió, estará al menos tres meses en la cárcel mientras se complementa toda la investigación por el caso Ayotzinapa.
¿Más tiempo? Sí, porque parece que el caso de los normalistas desaparecidos está más enredado que al inicio. El exfuncionario federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto y autor de la llamada “verdad histórica” como algunos le dicen, tendrá que esperar a que los investigadores le echen ojo a las bitácoras de vuelo del helicóptero que usó entre octubre de 2014 y enero de 2015. Es decir, se la van a hacer cansada.
También revisarán videos y archivos de la Marina y, por si eso no fuera suficiente, checarán qué llamadas hizo Jesús “M” cuándo y a quién, durante el periodo antes señalado ¿Qué buscan? Lo que los fiscales quieren es un indicio sólido que vincule directamente al expresidente que se está guardando en España. ¡Olé!
Pero bueno, lo que yo quiero es contarles detalles que, durante la audiencia, llamaron mucho mi atención. Primero, en la cita de inicio del proceso, el sábado 20 de agosto, el exprocurador dijo que su defensa presentaría documentos y fotos que demostrarían “qué pasó y cómo pasó”, así lo dijo.
Pues nada de eso. En la audiencia del 24 de agosto, los litigantes sólo llevaban una pequeña maleta en la que portaban sus argumentos, pero sólo con dimes y diretes legaloides, ya que ningún documento o fotografía oficial fue presentado como dato de prueba en favor del arquitecto de la verdad histórica.
Además de los tres integrantes de la defensa, que se encargaron de tratar de convencer al juez de la inocencia de Jesús “M”, otros dos abogados se sumaron a la estrategia, ambos exfuncionarios del gobierno peñista y que hace algunos años colaboraron o fueron subordinados del hoy imputado. ¿Por qué? ¿Pago de favores? ¿Engrosar la defensa?
En la recta final de la audiencia se sumó Samuel Ibarra Vargas, exdirector general en la Oficina del Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social entre 2014-2016; es decir, la temporada en la que ocurrieron los hechos en Iguala. Y luego de ahí y hasta el 30 de noviembre de 2018, director general en la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.
El otro exfuncionario que se sumó como experto en medidas cautelares, bueno, para que me entienda, fue a decir que Jesús “M” quiere mucho a sus perros y por eso no se va a dar a la fuga, es Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, quien fue servidor público durante muchos años, varios de los cuales estuvo bajo el mando del exprocurador. Hubieran visto la cara del juez.
Ya veremos en qué termina todo esto, pero lo que sí está claro es que el asunto va para largo…
En el baúl. La Suprema Corte de Justicia que encabeza Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un presupuesto asignado para cursos y seminarios. Uno esperaría que, congruente con la línea de pensamiento del ministro presidente del máximo tribunal, esos cursos se enfocaran en salvaguardar los derechos de los más desprotegidos, de los que menos tienen, de los olvidados, de los encarcelados injustamente, de las víctimas de los feminicidios, de los deudos de todos esos delitos, peeeeeero… no. Se gasta en un curso para “potencializar la imagen personal” desde saber elegir los “colores que más le favorecen” hasta “las prendas básicas que se deben tener en el armario”. Más justicia y menos vanidad.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… ¡regresaréeeeeeeee!
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